Odebrecht, investigada por FINCEN.
La constructora brasileña Odebrecht ya estaba en el radar de la unidad de inteligencia financiera de estados unidos (fincen en inglés) varios meses antes de que admitiera en diciembre de 2016 ante la justicia de ese país, haber pagado sobornos por usd 788 millones a funcionarios de una docena de países de la región para conseguir contratos de obra pública.
La unidad antilavado de los Estados Unidos recibió al menos dos extensos reportes de operaciones sospechosas en agosto y octubre de 2016 con detalles precisos sobre
varias sociedades «pantalla». Esos reportes también alcanzan al Meinl Bank, la entidad caribeña que Odebrecht compró para sus negocios delictivos sin lidiar con preguntas indiscretas. Por esa vía, el holding compró una obra a un reconocido artista latinoamericano, Fernando Botero, por medio millón de dólares, una de las variantes más utilizadas -pero menos conocidas- para lavar dinero de la corrupción.
Por las fechas y los montos, en tanto, algunos de los movimientos de fondos detectados coinciden con las coimas que Odebrecht pagó para quedarse con la construcción de la planta potabilizadora de agua «paraná de las palmas» de Aysa. Es decir, una de las tres obras que el gigante brasileño gestionó -sobornos mediante- en la argentina. Los pagos se concretaron vía uruguay, donde el dinero se depositó en una cuenta a nombre de Sabrimol Trading, una sociedad controlada por el lobista argentino Jorge «corcho» Rodríguez.
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Los reportes que llegaron a manos de las autoridades de Estados Unidos también identifican a varios operadores que movieron esos fondos ilícitos para Odebrecht y que aparecen vinculados al pago de coimas al círculo directo de colaboradores del entonces ministro de planificación, Julio De Vido. Entre ellos, los brasileños Fernando Migliaccio, Olivio Rodrigues Junior y Luiz Eduardo Da Rocha Soares.
En la Argentina, cuatro años después de aquellas alertas que recibió la FINCEN sobre Odebrecht, el juez federal Sebastián Casanello elevó a juicio oral la investigación por los presuntos sobornos del consorcio liderado por Odebrecht en Aysa. Entre los acusados figuran el exministro De Vido, los exsecretarios José López y Roberto Baratta; los empresarios Tito Biagini y Carlos Wagner, «Corcho» Rodríguez y 19 acusados más. En su resolución, Casanello consideró probada «la existencia de un acuerdo previo entre los imputados, empresarios y funcionarios públicos de Aysa«, para «beneficiar a determinadas empresas que resultaron adjudicatarias de las obras» con licitaciones «direccionadas».
